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Derecho Minero

Conocimiento jurídico. Conocimiento del sector.

El Derecho Minero es el área principal de práctica de Contreras & Co. La firma asesora a empresas, titulares de derechos mineros y promotores de proyectos extractivos durante todo el ciclo jurídico de la actividad: permisos de investigación, concesiones de explotación, prórrogas, modificaciones y transmisiones, disponibilidad de terrenos, autorizaciones ambientales, procedimientos sancionadores y defensa contencioso-administrativa.

Una explotación minera no se ordena únicamente por la Ley de Minas. En un mismo expediente pueden confluir el título minero, la evaluación ambiental, la ocupación o expropiación de terrenos, los montes públicos, la Red Natura 2000, el planeamiento territorial, las aguas, la restauración y el régimen sancionador.

Por eso, la defensa jurídica de un proyecto exige reconstruir el expediente completo y comprender qué efecto real puede producir cada decisión administrativa sobre la continuidad de la actividad. Ese enfoque responde al conocimiento directo del sector sobre el que se construye la especialización de la firma.

La minería se defiende mejor cuando la estrategia jurídica comprende también la explotación, sus tiempos, sus inversiones y sus condicionantes técnicos y ambientales.

Servicios de Derecho Minero

Problemas jurídicos que exigen una estrategia propia

Estas materias concentran algunas de las decisiones administrativas con mayor impacto sobre un derecho minero, una explotación o un proyecto extractivo.

Ciclo de vida del derecho minero

Desde la investigación hasta la continuidad de la explotación

Títulos, concesiones y continuidad del derecho minero

Intervenimos en procedimientos relativos a permisos de investigación minera, concesiones de explotación, prórrogas de concesiones mineras, modificaciones, transmisiones, planes de labores, requerimientos y posibles causas de caducidad.

La preparación del expediente es especialmente relevante cuando la Administración debe valorar documentación técnica, inversiones, continuidad del recurso, técnicas de aprovechamiento o cumplimiento de las obligaciones inherentes al derecho minero.

Terrenos, ocupación y expropiación

La existencia de un derecho minero no elimina los problemas relativos al acceso y disponibilidad de los terrenos. Pueden entrar en juego ocupaciones temporales, expropiación forzosa y ocupación minera, montes públicos, servidumbres, dominio público y otros títulos habilitantes. En estos asuntos resulta esencial coordinar el régimen de la Ley de Minas con el procedimiento expropiatorio y los antecedentes del título.

Medio ambiente, montes y territorio

Una parte creciente de los conflictos mineros se produce en la intersección con el Derecho Ambiental. La evaluación de impacto, la autorización ambiental, Red Natura 2000, los espacios protegidos, los montes públicos, las aguas y la restauración pueden condicionar la viabilidad y continuidad de la actividad.

La estrategia ambiental debe coordinarse con el título minero desde el inicio y no abordarse como un expediente separado cuando sus efectos recaen sobre una misma explotación.

Recursos, sanciones y litigios

Cuando existe un requerimiento, una resolución desfavorable o una sanción, analizamos el expediente desde la fase administrativa hasta el eventual recurso contencioso-administrativo. En materia sancionadora, la defensa exige además revisar tipicidad, prueba, culpabilidad, proporcionalidad y tramitación del expediente sancionador.

Normativa de referencia

El derecho minero se construye sobre un marco jurídico conectado

La Ley de Minas y su Reglamento son el punto de partida, pero la viabilidad de una explotación depende también de normas ambientales y de procedimiento administrativo. En permisos, concesiones y prórrogas, la norma debe leerse junto con el expediente y con las autorizaciones que concurren sobre el proyecto.

Método

La estrategia comienza antes del conflicto

En Derecho Minero, una parte importante de la defensa se decide antes de que exista una resolución definitiva. La forma en que se plantea una solicitud, se responde a un requerimiento, se contesta un informe sectorial o se aporta una prueba puede condicionar todo el expediente posterior.

Por ello, la intervención jurídica debe coordinar la normativa minera con la documentación técnica y con el resto de autorizaciones que afectan a la explotación. El objetivo no es únicamente recurrir una decisión desfavorable, sino reducir el riesgo de que se produzca y preparar correctamente la posición del titular si el conflicto termina judicializándose.

01

Diagnóstico del expediente

Situación del derecho minero, antecedentes, plazos, actos firmes, informes y condicionantes concurrentes.

02

Estrategia jurídica y técnica

Coordinación de la argumentación jurídica con la documentación minera, ambiental y territorial necesaria.

03

Defensa administrativa

Alegaciones, subsanaciones, recursos, prueba y respuesta a informes o requerimientos.

04

Defensa judicial

Preparación del contencioso-administrativo cuando la vía administrativa no permite resolver el conflicto.

Información minera de Andalucía

El portal de información minera de la Junta de Andalucía ofrece acceso a información sobre derechos mineros y cartografía de Andalucía. Es un punto de partida para la consulta territorial, que debe contrastarse con el expediente y los títulos correspondientes.

Conocimiento jurídico

Análisis sobre minería, montes y medio ambiente

La sección Conocimiento reúne estudios y análisis propios sobre los problemas regulatorios que afectan a la actividad extractiva.

Puede consultarse, entre otros contenidos, nuestro análisis sobre la Ley de Montes de Andalucía y su incidencia sobre minería y canteras, así como el Informe Jurídico 01/2026 y el Informe Jurídico 02/2026 sobre prórrogas mineras. También hemos analizado la selección de proyectos estratégicos de materias primas fundamentales aprobada por la Comisión Europea en octubre de 2026.

Consulta profesional

¿Un expediente puede comprometer la continuidad de la explotación?

Analizamos el título minero, los antecedentes administrativos y los condicionantes ambientales y territoriales antes de definir la estrategia.

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