Área de práctica
Industria y Sectores Regulados
Derecho aplicado a actividades productivas sometidas a autorización, supervisión y regulación sectorial.
AbogadosDerecho aplicado a actividades productivas sometidas a autorización, supervisión y regulación sectorial.
Las actividades industriales y los sectores regulados están sometidos a decisiones administrativas que pueden condicionar la puesta en marcha, ampliación o continuidad de un proyecto. Contreras & Co. aborda estos asuntos integrando regulación sectorial, autorizaciones, medio ambiente y relación con la Administración.
La práctica conecta especialmente con nuestra experiencia en Derecho Minero, Derecho Ambiental y Derecho Administrativo.
Asistencia jurídica en las principales cuestiones administrativas y regulatorias que afectan a instalaciones, proyectos y empresas sometidas a intervención pública.
Análisis de títulos habilitantes, requisitos administrativos, modificaciones, ampliaciones y procedimientos necesarios para la implantación o continuidad de instalaciones y actividades productivas.
Asistencia ante actuaciones inspectoras, requerimientos de información, órdenes de subsanación y otras medidas administrativas que puedan afectar al funcionamiento de la empresa o del proyecto.
Estudio del régimen jurídico aplicable a instalaciones energéticas y actividades sometidas a normativa sectorial específica, coordinando sus exigencias con los procedimientos administrativos y ambientales.
Defensa frente a procedimientos sancionadores y resoluciones administrativas, desde la fase de alegaciones y prueba hasta los recursos administrativos y, cuando procede, la vía contencioso-administrativa.
Ver expedientes sancionadores →En una actividad regulada, los problemas rara vez pertenecen a una sola rama del Derecho. Una modificación industrial puede exigir nuevas autorizaciones, incorporar condicionantes ambientales, provocar una inspección o terminar en un procedimiento administrativo.
Por eso analizamos el proyecto de forma conjunta: actividad, instalación, autorizaciones, condicionantes ambientales y posición de la empresa frente a la Administración. La estrategia jurídica debe anticiparse al conflicto y formar parte de la toma de decisiones.
Según el sector y el proyecto, pueden resultar aplicables la Ley 21/1992, de Industria, la Ley 39/2015, la Ley 40/2015 y, cuando el asunto afecta al sector eléctrico, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, además de la normativa autonómica, reglamentaria y técnica aplicable.
En un sector regulado, la estrategia jurídica debe integrarse en el proyecto antes de que llegue el conflicto.