Área transversal
Contencioso-Administrativo
Defensa jurídica frente a la Administración.
Defensa jurídica frente a la Administración.
La estrategia judicial comienza antes de presentar la demanda.
La defensa judicial frente a la Administración exige conocer lo ocurrido durante la tramitación del expediente y definir con precisión qué se pide al tribunal. No se trata de trasladar al proceso los mismos escritos, sino de construir una argumentación ajustada a los hechos, a la prueba y al objetivo del cliente.
La Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite consultar el marco procesal de esta vía de defensa. La elección del recurso y la determinación de sus requisitos y plazos requieren examinar la actuación impugnada y el expediente concreto.
Contreras & Co. estudia la impugnación de resoluciones, denegaciones, sanciones, restricciones administrativas y otros conflictos relacionados con la inactividad o la actuación material de las Administraciones Públicas. La práctica comprende tanto asuntos mineros y ambientales como otras controversias de Derecho Administrativo.
El primer paso consiste en revisar la actuación que se pretende combatir, las notificaciones recibidas, las vías ya utilizadas y los plazos relevantes. Analizamos las pretensiones que pueden formularse y explicamos al cliente las fortalezas, las dificultades y los riesgos del planteamiento.
Esta valoración permite distinguir entre la discrepancia con una decisión y los motivos jurídicos que pueden fundamentar su impugnación. Con esa base preparamos la estrategia procesal y los escritos que correspondan en cada fase, sin anticipar un resultado que depende de las circunstancias del procedimiento.
Examinamos el expediente administrativo para reconstruir la secuencia de actuaciones, identificar sus documentos esenciales y detectar omisiones o contradicciones relevantes. La demanda debe explicar con claridad el problema y conectar los argumentos jurídicos con los elementos que permiten acreditarlos.
En litigios vinculados con el Derecho Minero y el Derecho Ambiental, prestamos especial atención a los informes técnicos y a la prueba pericial. Cuando procede, coordinamos su preparación con los profesionales de la materia, respetando la función de cada interviniente.
La duración del litigio puede tener consecuencias importantes para una actividad o un derecho. Por ello, valoramos si resulta procedente solicitar medidas cautelares y qué documentación debe acompañar la petición para explicar los perjuicios y los intereses afectados.
La estrategia cautelar se estudia de manera individualizada. No presentamos la suspensión de una decisión como un efecto automático del recurso, sino como una solicitud que requiere fundamentación y cuya adopción corresponde al órgano judicial.
El trabajo no termina con la primera resolución judicial. Analizamos las posibilidades de recurso cuando sean procedentes y el alcance del pronunciamiento obtenido. En la fase de ejecución, estudiamos las actuaciones necesarias para exigir su cumplimiento y responder a las incidencias que puedan surgir.
Mantenemos la conexión con la fase de Derecho Administrativo y, cuando el asunto lo requiere, con el estudio de una posible reclamación de responsabilidad patrimonial. La finalidad es que cada actuación responda al mismo objetivo y no a una sucesión de trámites sin continuidad.